El derecho a la propia imagen vol. II

En la anterior entrada de este blog habíamos llamado la atención sobre la actual e importante cuestión de la sobreexposición de nuestra propia imagen, y al derecho que tenemos sobre ella, y cómo podía armonizarse su protección con la existencia de otros derechos que pueden corresponderle a la persona que capta la imagen, como podrían ser los derechos de propiedad intelectual sobre la imagen tomada.

A Google Inc. employee walks past a logo outside the entrance to the company's offices in Berlin, Germany, on Friday, Aug. 16, 2013. Google, based in Mountain View, California, is seeking to revive Motorola Mobility's smartphone business, recently announcing a new flagship Moto X smartphone with customizable colors that will be assembled in the U.S. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

En ese sentido, habíamos visto cómo el consentimiento es el eje fundamental sobre el que gira toda esta materia. La Ley Orgánica 1/1892, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, define dichos derechos en su artículo primero como derechos fundamentales, ya contemplados así en el artículo 18 de la Constitución Española, y que por tanto deben ser protegidos contra toda intromisión ilegítima sobre los mismos.

 Pero en su artículo segundo afirma que no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso. En el mismo sentido se pronuncia el artículo seis de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuando en su artículo seis establece que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Y entre esos datos de carácter personal se encuentra la propia imagen. Vemos pues, que es necesario el consentimiento expreso del interesado. Pero con esa exigencia de consentimiento expreso no se refiere necesariamente a un consentimiento escrito pues una persona que mira a la cámara y conoce y es consciente de la toma de la fotografía, se deduce que consiente en la realización de la misma. El artículo séptimo de la Ley Orgánica 1/82 establece que se considera una intromisión ilegítima, por lo que a nosotros nos interesa, en el derecho a la propia imagen toda captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos de esa misma ley.


¿Y cuáles son esos casos?

Pues cuando nos encontremos ante actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. O cuando esa captación, reproducción o publicación de la imagen se corresponda a personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; o cuando la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria en la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público. Así pues, vemos como aparte del consentimiento expreso del interesado también hay una serie de casos en los que no puede considerarse violado el derecho sobre la propia imagen. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de menores de edad? Y ¿qué derechos tiene un fotógrafo sobre su obra? Abordaremos estas cuestiones en próximas entradas de nuestro blog.

derecho a la imagen propia II 3